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Las obras que se realizan frente al histórico Fuerte de San Felipe, en Bacalar, siguen siendo objeto de controversia, y los ciudadanos no están dispuestos a ceder. A pesar de los reclamos y el plantón ciudadano que continúa en la zona, las actividades de construcción persisten, sin que se haya emitido una respuesta oficial por parte de las autoridades. Según Melina Maravilla Romero, integrante del Comité Ciudadano de Bacalar, la falta de sellos de clausura en el sitio evidencia que las obras nunca se han detenido completamente. Incluso este lunes, la maquinaria volvió a estar en movimiento, lo que ha intensificado la frustración entre los habitantes de Bacalar, que esperan una explicación clara sobre el desarrollo de este proyecto y su impacto ambiental.
El comité ha señalado que, a pesar de las reuniones previas con las autoridades, especialmente con los representantes militares, aún no han recibido respuestas concretas a sus demandas. A través de redes sociales, han logrado visibilizar la situación con el hashtag #Nodelantedelfuerte, que se ha difundido en maya, español, inglés, francés y alemán. La comunidad ha recabado más de 6,000 firmas de apoyo en papel, mientras que la petición en línea ha superado los 900 apoyos, lo que demuestra el descontento generalizado por la falta de transparencia. Sin embargo, la sensación de desdén por parte de las autoridades se ha intensificado, especialmente después de que la gobernadora encabezara una gira por Bacalar el 31 de marzo sin acercarse a los ciudadanos para escuchar sus inquietudes.
Los habitantes de Bacalar siguen demandando respuestas oficiales por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En particular, buscan entender bajo qué criterios y justificaciones se otorgaron los permisos para las obras, y por qué se permitió una exención en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo que ha generado dudas sobre la legalidad y las implicaciones ecológicas del proyecto. Los ciudadanos exigen que se aclare cómo se evaluó el impacto ambiental y qué medidas se tomarán para mitigar los posibles daños al entorno natural de la zona, que es uno de los destinos turísticos más importantes del país.
En los próximos días, un comité viajará a la Ciudad de México para entregar las más de 6,000 firmas al presidente, Claudia Sheinbaum, y a las oficinas centrales de Semarnat. Además, se están presentando denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), siguiendo los procedimientos legales adecuados para cuestionar la legalidad de la obra. El objetivo es garantizar que la obra cumpla con todos los requisitos legales y ambientales, y que se garantice la transparencia en todo el proceso. Melina Maravilla Romero subrayó la importancia de que Semarnat, como la autoridad responsable de la protección del medio ambiente, actúe con claridad y proporcione toda la información necesaria para que los ciudadanos puedan conocer los detalles de los permisos otorgados y las decisiones tomadas en torno al proyecto. La lucha de Bacalar por la defensa de su patrimonio y su entorno sigue en pie, con la esperanza de que las autoridades escuchen y respondan a sus demandas.
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